Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 20 de julio del 2022.- La Secretaría de Gobernación Federal pretendía llevar a cabo “análisis” de la iniciativa de Ley General de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esto sin tomar en cuenta a reporteros y defensores a quienes nunca se les avisó de este ejercicio para conocer de fondo las necesidades de este sector de la sociedad.
Luego de que las Mesas de Consulta fueran instaladas en Palacio de Gobierno, esto sin la presencia de periodistas, reporteros que cubren la fuente de Gobierno se percataron de lo que sucedía por lo que cuestionaron la convocatoria del evento a la que “no fueron invitados, ni tomados en cuenta”.
Esto a pesar de que el estado de Chihuahua, sede del foro de análisis es donde se registran altas cifras de personas que defienden derechos humanos y periodistas en riesgo o que cuentan con medidas de protección.
Pese a ello, la Segob ni Gobierno del Estado, no invitaron a los periodistas y defensores de los derechos humanos, beneficiarios directos de esta ley que en estos momentos se encuentra siendo objeto de análisis, no solo en Chihuahua, sino en otros estados de la república.
La instalación de las “Mesas de Consulta” fueron instaladas con la presencia del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles y de Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para las personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la presencia de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Cabe destacar que el contexto geográfico, político y social en el que periodistas y defensores de los derechos humanos realizan su labor en el estado de Chihuahua se encuentra inmerso dentro de un ambiente peligroso, no solo por la presencia del crimen organizado en las comunidades serranas, sino por la complicidad existente de estos grupos criminales en los gobiernos municipales e incluso estatales.
Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), informó que actualemente 11 estados de la República mexicana cuentan con instancias para ofrecer protección a personas defensoras y periodistas.
No obstante, según el propio Espacio OSC, ninguna de ellas recibe la atención adecuada por parte de los gobiernos, y quienes podrían recurrir a estas instancias suelen desconocer su existencia. Además, muchas no cuentan con los recursos económicos ni con el personal suficiente para operar de manera adecuada.
Por ese motivo, es urgente y necesario la generación de mecanismos eficientes que sean claros en aspectos como con quién pueden dirigirse periodistas, defensoras y defensores en caso de estar en peligro; y cómo serían las rutas de atención hacia estas personas. Esto, sin dejar de lado que las mismas autoridades que deberían proteger a periodistas y personas defensoras son quienes las violentan.
Lucía Lagunes Huerta, directora general de CIMAC, cuestionó durante el foro cómo se piensa incluir a la sociedad civil en un mecanismo efectivo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Agregó que, precisamente los funcionarios e instituciones, principales ejecutores de la violencia por la cual México atraviesa una crisis de asesinatos y desapariciones contra personas personas comunicadoras y defensoras.
De acuerdo con Espacio OSC, en la entidad hay seis mujeres periodistas y 11 defensoras que están inscritas en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, ellas y sus colegas ejercen sus labores en algunos municipios que ni siquiera cuentan con policías municipales.
Por su parte, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que las y los funcionarios públicos son algunos de los principales actores relacionados con actos de violencia contra personas defensoras y el gremio periodístico.
Dichos actos , “los cuales van desde el hostigamiento y la estigmatización hasta la desaparición forzada” suelen darse de la mano de actores particulares. De ahí que, para Espacio OSC, sea necesario elevar el costo político y jurídico de estas agresiones.
Medidas como esta contribuirían a erradicar y prevenir este tipo de violencias, en lugar de procurar la protección de periodistas y personas defensoras únicamente cuando ya se encuentran en peligro.
Uno de los periodistas que se unió a los reclamos resaltó que ni siquiera los medios más reconocidos a nivel estatal como El Heraldo fueron invitados. Ante esto, él se preguntó: si no hay periodistas, ¿cómo hacer un diálogo?
De acuerdo con Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) –también presente en el evento–, esta falta de amplitud en la convocatoria ha sido una constante en los nueve diálogos que se han llevado a cabo a raíz de la iniciativa de ley.
Fue así que, frente a la presión de las y los periodistas que se encontraban en esta reunión y quienes sin ser invitados arribaron a “cubrir” la nota del análisis de su propia Ley, finalmente se acordó un nuevo diálogo que se realizará el próximo 23 de agosto.
