Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 24 de agosto de 2022.- La Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) informó que despúes de 7 años familias desplazadas de las comunidades de El Manzano y Monterde de los municipios de Uruachi y Guazapares en la Sierra Tarahumara obtuvieron dos sentencias que les “amparan” por la falta de protección de las autoridades federales y estatales.
A través de estas sentencias se le obliga al Estado mexicano la protección y reparación del daño sufrido por el desplazamiento forzado interno que sufrieron a raíz de la violencia generada desde hace siete años por parte de grupos del crimen organizado que operan en esa zona de la Sierra de Chihuahua.
Desde el 2014, un total de 23 familias de las comunidades de El Manzano, en el ejido Rocoroyvo, en el municipio de Uruachi y de ejido Monterde en el municipio de Guazaparez tuvieron que abandonar sus viviendas y propiedades para salir de urgencia y así salvar su vida.
Fue en el 2015 que estas familias en compañía de organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron ante diversas autoridades la violencia que se vive en la zona que ejerce el crimen organizado para la apropiación de tierras, siembra de drogas y tala ilegal.
Por ese motivo, familias de desplazados de estas comunidades acudieron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que se les otorgarán medidas cautelares ante la gravedad y riesgo de sufrir un daño irreparable, después de un análisis en el 2015 fueron otorgadas las medidas cautelares.
Sin embargo, a pesar de la resolución internacional las medidas no han sido suficientes para garantizar su protección, pues incluso tres personas han sido asesinadas pese a la existencia de las medidas cautelares, siendo este último Cruz Soto Caraveo.
Es por ello, la relevancia de estas sentencias emitidas el 12 y 19 de agosto, ya que se ordena tanto a la federación como al Gobierno del Estado de Chihuahua resarcir los daños ocasionados por la falta de atención al clamor de estas familias que fueron desplazadas por integrantes del crimen organizado encabezados por la banda de José Noriel Portillo Gil “El Chueco”.
Los dos amparos tuvieron una duración de poco más de un año en resolverse, las autoridades responsables son la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado CEAVE.
A través de estos amparos, los jueces solicitaron la “pacificación de la región serrana en la que vivían estas familias, así como el acceso a la justicia a través de las carpetas de investigación iniciadas en el momento del desplazamiento.
Además de asistir con ayuda humanitaria, asegurar los bienes que estas familias dejaron en su comunidad, contribuyendo al reasentamiento definitivo, por lo que las autoridades deberán de contar con vivienda propia y empleos que les permitan vivir con dignidad.
También se solicitó al Congreso del Estado, la emisión de una legislación completa y pertinente que proteja a las personas desplazadas por la violencia, e indemnizar a las familias de acuerdo a estandares internacionales y que tanto la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República informen, el estado y avance de las carpetas de investigación, garantizando con ellos que se realicen las acciones necesarias para que puedan regresar con seguridad a los lugares de origen, así como que cesen de criminalizarles y discriminarles.
Los casos de las comunidades de El Manzano y Monterde, no son asuntos aislados, pues de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) tan solo en 2021 se registraron 44 mil 905 personas desplazadas en territorio mexicano.
No obstante, las sentencias de estos dos amparos muestran el interés del Poder Judicial para que las autoridades atiendan este problema y avancen en la aplicación de política pública para la atención inmediata a las personas que siguen desplazándose, no solo en el estado, sino en el país.
Es por ese motivo, que organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chihuahua, aseguraron que es urgente la promulgación de la Ley General en Material de Desplazamiento Forzado Interno que se encuentra ante el Senado de la República desde hace casi dos años y continua en espera de una resolución.