Tras la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, donde murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron lesionados, la diputada juarense Xóchitl Contreras realizó un exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se ofrezca una disculpa institucional en el lugar de los hechos a las víctimas y sus familias.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional subrayó que la disculpa emitida por el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en la Ciudad de México, no cumple con los estándares nacionales ni internacionales en materia de derechos humanos. Recordó que tanto la Ley General de Víctimas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que este tipo de actos deben realizarse en el sitio donde ocurrieron los hechos y con la presencia de autoridades de alto nivel que reconozcan la responsabilidad del Estado.

Xóchitl Contreras enfatizó que el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez evidenció una negligencia grave de las autoridades, al mantener encerrados a migrantes en condiciones de hacinamiento y sin protocolos de seguridad adecuados. La legisladora puntualizó que este hecho no solo generó indignación en México, sino que también provocó pronunciamientos de organismos internacionales y reclamos de justicia por parte de los gobiernos de los países de origen de las víctimas.

“Las familias de las víctimas no solo merecen justicia, también merecen que la disculpa se realice en el lugar donde perdieron la vida sus seres queridos. Lo ocurrido en Ciudad Juárez no puede reducirse a un evento burocrático alejado de la realidad que vivieron las víctimas”, expresó la diputada durante su intervención en tribuna.

El exhorto busca que la disculpa institucional reconozca la gravedad de los hechos y se realice en el lugar donde la tragedia ocurrió, como una medida de dignificación hacia las víctimas y de reconocimiento a sus familias.

Con esta acción, la legisladora juarense sostuvo que es indispensable que el Gobierno Federal asuma plenamente su responsabilidad y envíe un mensaje claro de compromiso con los derechos humanos y con la justicia hacia las personas migrantes.

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