El Congreso del Estado de Chihuahua emitió una enérgica solicitud a la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, y a todos los municipios de la entidad, para que informen y garanticen la aplicación de las disposiciones para erradicar la violencia sexual en los planteles educativos.
La propuesta, presentada inicialmente por el diputado Carlos Olson San Vicente y ampliada por su compañero Óscar Avitia Arellanes para incluir los niveles de educación media superior y superior en todos los municipios, subraya la urgencia de crear entornos escolares seguros para la niñez y la juventud.
Prevención es una “Prioridad Moral, Legal y Humana”
Durante la presentación del Punto de Acuerdo, el diputado Olson enfatizó que “la prevención no puede ser secundaria, es una prioridad moral, legal y humana”. Hizo un llamado a la “más amplia coordinación efectiva y voluntad política real” entre los tres órdenes de gobierno.
El exhorto se fundamenta en el “Acuerdo número 17/05/25”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de mayo de 2025, que establece los Lineamientos para la prevención, atención y erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica. El Congreso insiste en que su aplicación es una “obligación moral que no admite pretexto ni demora”.
Cifras Alarmantes Justifican la Urgencia
Los legisladores justificaron la solicitud con datos que evidencian la magnitud del problema:
- La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2015) señala que el 12.8% de adolescentes (entre 15 y 17 años) ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito escolar.
- Se reveló un dato alarmante sobre Ciudad Juárez, citando a la organización ECPAT International, que la identifica como el principal punto de origen de material de explotación sexual infantil en México, concentrando un 60% de la producción a nivel mundial.
Ante estas cifras, el Congreso solicitó directamente a la SEP Federal que rinda cuentas sobre las acciones implementadas para garantizar la aplicación de los lineamientos en todo el país y que informe de manera transparente los avances específicos alcanzados en el estado de Chihuahua, exigiendo “claridad y resultados tangibles”.