En el nuevo Poder Judicial, una funcionaria honesta fue despedida por denunciar lo indebido. Erika Méndez, directora del Órgano de Administración Judicial, se atrevió a documentar que un subdirector usó —por órdenes superiores— la clave de otra persona para manipular registros internos que podrían generar pagos irregulares. Horas después de su denuncia, fue cesada, publicó Reforma.
El caso es brutal: uso indebido de sistemas del Estado, abuso de funciones y una cadena de mando que castiga a quien cumple la ley. Lo que ella hizo —negarse a ser cómplice— revela la enfermedad más profunda del sistema: la institucionalización de la corrupción y la represalia como mecanismo de control. Denunciar se volvió peligroso.
No es sólo una historia laboral: es un espejo de lo que se está gestando en el nuevo aparato judicial. Si la integridad cuesta el empleo, la impunidad ya ganó el alma de las instituciones. Erika no perdió su puesto: ganó la dignidad que el poder perdió. Lo que ella encarna se llama valentía, y el país entero debería verla.