-Disturbios en Michoacán por indolencia política
-Maru: con mucho respeto, no hay acuerdo sobre agua
-Denuncian a Cruz y Bonilla pasea en Jiménez
El asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, no es una nota roja más; es la crónica descarnada del fracaso del Estado ante el poder corrosivo del crimen organizado. Manzo, apodado por algunos como “el alcalde sin miedo,” se atrevió a hacer lo que pocos en Michoacán: nombrar y enfrentar a los grupos criminales, pidiendo a gritos el apoyo de un Gobierno Federal que prometió pacificar el país y, sin embargo, lo dejó solo en la trinchera.
Meses de denuncias públicas, de señalar la colusión y la inacción, no le valieron un blindaje, sino una sentencia. El alcalde Manzo no solo expuso el horror del Cártel Jalisco Nueva Generación y otras células en la región; también denunció un abandono por parte de las estructuras de seguridad federales.
Su asesinato, durante un evento del Día de Muertos, no es solo un golpe a la vida de un hombre; es un golpe simbólico a la democracia y a cualquiera que se atreva a desafiar el statu quo criminal.
Demuestra que, en vastas zonas de México, el verdadero poder no reside en las urnas, sino en la violencia impune. Manzo pagó el precio de la valentía, un precio que el Estado se negó a pagar con apoyo y protección efectiva.
La ola de reacciones políticas ha sido tan predecible como el crimen. Condenas formales, promesas de justicia que suenan huecas, y el clásico “no quedará impune” que la ciudadanía ha aprendido a tomar con escepticismo.
Pero es en las calles de Uruapan y en las redes sociales donde se palpa la verdadera temperatura social. La indignación es cruda. El repudio al gobernador, que fue increpado en el sepelio, es la manifestación más clara de un hartazgo ante la simulación.
Este caso subraya una pregunta incómoda: ¿quién gobierna realmente en Michoacán y en tantas otras zonas rojas del país? El homicidio de Manzo se suma a la larga lista de alcaldes, excandidatos y líderes sociales asesinados, una tendencia alarmante que sugiere que la política local está totalmente a merced de los intereses del narco.
Uruapan se queda sin su “alcalde sin miedo”, pero México no puede quedarse sin su voz. Exigir cuentas y seguridad para los líderes locales es el mínimo que se debe hacer para que el sacrificio de Manzo no sea en vano.
Disturbios en Michoacán por indolencia política
El hartazgo ciudadano se materializó en los disturbios en el Palacio de Gobierno de Michoacán. Esta irrupción violenta no fue un simple acto vandálico; fue la explosión de una frustración acumulada ante la percepción de un Estado que abandona a sus propios funcionarios y a su gente.
Al irrumpir y dañar el Palacio, los manifestantes no solo atacaron un edificio; atacaron un símbolo de la inoperancia. El grito de “¡El gobierno lo mató!” resume la dolorosa sensación de que la vida del alcalde se perdió no solo por la acción de los sicarios, sino por la omisión y el abandono de las autoridades superiores a las que apeló.
El caso Manzo subraya la crisis de seguridad y gobernabilidad que enfrenta México, donde los líderes locales son dejados a su suerte en la primera línea de batalla contra el crimen. La efectividad de la Guardia Nacional y la estrategia de seguridad federal están en entredicho cuando un alcalde con protección termina acribillado.
Esto pudiera ser trasladado a muchas partes del país, donde el crimen hace lo que quiere mientras que el Gobierno Federal, gobiernos estatales y municipales no responden con la suficiente fuerza para tenerlos a raya y eliminarlos.
En Chihuahua, la Sierra Tarahumara es otro foco rojo; si en algún municipio serrano apareciera un Alcalde con las características de Carlos Manzo, seguramente tendría un final parecido.
Aquí es donde los ciudadanos no debemos permitir que el tema sea usado como bandera política, porque si bien este caso ocurre en el gobierno de Morena, recuerden que TODOS los partidos políticos han fallado de la misma forma en contener al crimen y nada cambiará mientras no exista un profundo cambio con los políticos sólo se saben pelear por el poder en México.
Maru: con mucho respeto, no hay acuerdo sobre agua
Luego de más de una semana de ausencia, la gobernadora Maru Campos apareció ante los reporteros en Palacio de Gobierno y fue cuestionada sobre varios temas. Uno de los más importantes fue lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que ya había un acuerdo con los gobernadores de estados fronterizos para entregar el agua y cumplir con la deuda del Tratado de 1944 con Estados Unidos.
Como ya se había anticipado, Maru negó haber negociado la entrega del agua de Chihuahua, porque iría en contra de la postura que abanderó desde el 2021 cuando era candidata a gobernadora. La respuesta que dio sobre el tema es un “lo lamento, no hay ningún acuerdo sobre el agua“.
De esta manera, puso en duda la afirmación de Sheinbaum, quien dijo que Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, estaban de acuerdo con el cumplimiento del tratado. Entonces la pregunta es: ¿quién está mintiendo sobre el tema?
Maru Campos indicó que sostendrá una reunión con personal de Gobernación para una posible apertura de la cortina de la presa El Granero, mientras que se mandaba un comunicado con un evidente manejo político sobre el tema.
Mientras dice que el agua es el futuro de Chihuahua, admite que negociará con el Gobierno Federal y existe una apertura para llegar a un acuerdo sobre el tema. Veremos qué es lo que pasa.
Denuncian a Cruz y Bonilla pasea en Jiménez
El viernes, la presidenta del PAN Estatal, Daniela Álvarez, anunció que presentará una denuncia contra el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar por diversas causas. Primero mencionó que existe un abandono de funciones por parte del alcalde juarense, señalando que Cruz entregó unos juegos infantiles en un kínder de la capital en horas laborales.
Luego agregó que en el PAN detectaron que Cruz Pérez Cuéllar utilizó a empleados y bienes municipales con fines ajenos a sus atribuciones y remató diciendo que pedirán a la Fiscalía Anticorrupción que abra una investigación al respecto.
Esto se vio como la respuesta del PAN luego de que Cruz Pérez Cuéllar evidenciara que dos dirigentes panistas, los de Chihuahua y Juárez, tuvieran una doble función al ser funcionarios dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Curiosamente este fin de semana, Marco Bonilla visitó el municipio de Jiménez para promocionar su imagen. La nota fue replicado en distintos medios de comunicación con un enfoque de la reunión del Alcalde de Chihuahua con 250 líderes en dicho municipio, donde les llevó un mensaje de acción para luchar por el futuro de Chihuahua.
Tanto los actos de Cruz Pérez Cuéllar como los de Marco Bonilla constituyen posibles actos anticipados de campaña.
Entonces ¿el problema es que uno los hace en la mañana y el otro durante la tarde?. Ojalá tuviéramos alcaldes que estuvieran siempre atentos de sus municipios y que claro, tienen derecho a descansar, pero que esos tiempos libres los utilicen para eso, descansar, y no andarse promocionando por el estado.