El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, diputado Alfredo Chávez Madrid, alertó hoy que la nueva Ley General de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca presuntamente “robar el recurso hídrico” de la entidad, evocando el conflicto ocurrido en 2020 por la disputa del agua.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador calificó la iniciativa, que actualmente se discute en San Lázaro, como una legislación “regresiva y abusiva” cuyo contenido ignora las problemáticas y necesidades del sector campesino en el país.

“Es una ley que viola los derechos de los productores y que sobre todo daña al productor que menos tiene. Desafortunadamente, esta ley está pensando en matar al campo chihuahuense. Esta ley la hizo alguien en un escritorio en la Ciudad de México, que no conoce la realidad hídrica de Chihuahua”, sentenció Chávez Madrid.

El coordinador panista hizo hincapié en que la propuesta de la mandataria federal no resuelve la crisis en el sector agropecuario. Por el contrario, argumentó que representa una amenaza directa para entidades como Chihuahua, que hasta junio del año en curso presentaba altos niveles de sequía.

Chávez Madrid prevé un escenario similar al de hace cinco años, cuando productores de Chihuahua tomaron la presa La Boquilla en protesta por el trasvase de agua a Estados Unidos para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

“Hace cinco años nos la quitaron a la fuerza y también hoy con esta Ley, que es una Ley que quita derechos, que impone sanciones y criminaliza a los productores. Si pasa esta ley va a ser delito tener una pipa de agua, un presón. Si pasa esta ley, tener una noria en alguna comunidad, pues va a ser un delincuente hídrico”, afirmó.

En este sentido, el legislador precisó que el diputado Arturo Zubía Fernández, también de Acción Nacional, presentará un punto de acuerdo en la sesión ordinaria del Congreso de Chihuahua llevada a cabo este martes 18 de noviembre. Dicho punto de acuerdo exhorta formalmente a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a no aprobar la mencionada Ley General de Aguas.

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