-“No nos la quiten”: Bonilla a la defensa del agua desde Meoqui
-Mañana foro en el Congreso sobre Ley del Agua
-Ahora asesinan a exalcalde en Ignacio Zaragoza
La inauguración de la Fiscalía en Nuevo Casas Grandes es más que un acto administrativo; es una declaración política de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván. Su mensaje central es que “Chihuahua no se dobla” ante la inseguridad.
La Gobernadora fue precisa al reconocer el dolor social, pero su discurso pasó rápidamente a la ofensiva política. Exigió “cooperación, compromiso y que no existen atajos”, un dardo dirigido a múltiples corporaciones y a modelos de seguridad pasados o federales.
La aseveración de no “distribuir la culpa” es un movimiento político. Posiciona a su administración como constructora de soluciones, evitando el desgaste de la crítica histórica.
No obstante, la realidad confronta la retórica. Mientras el Estado mostraba firmeza en Nuevo Casas Grandes, en la vía corta a Parral ocurría un violento robo.
Peor aún, ese mismo día fue asesinado el exalcalde Lauro Orozco. La violencia opera sin ceder ante la estrategia implementada.
La situación en Parral, Guachochi o Moris sigue siendo de grupos delictivos sin un control estatal evidente. El discurso de que el Estado no cede choca con una realidad donde los criminales tampoco ceden.
“No nos la quiten”: Bonilla vs la Ley del Agua desde Meoqui
La postura del alcalde Marco Bonilla al apoyar a los productores ante la Ley del Agua es un movimiento político clave. Cristaliza la defensa del recurso hídrico, uniendo la demanda agrícola con la causa urbana.
Este frente común —Ayuntamiento, productores y Congreso— fortalece la posición de resistencia del estado frente a las imposiciones federales.
Bonilla recuerda que “¡No se puede jugar con el agua!”. Esta advertencia es legítima ante la amenaza de cambios unilaterales que no contemplen la realidad árida de Chihuahua.
Sin embargo, el PAN repite la táctica de la “Guerra del Agua” de 2020. La lucha frontal contra las acciones de Morena y el Gobierno Federal tiene un claro cálculo electoral.
El objetivo del PAN y sus personajes es ganar apoyo en los comicios de 2027, donde los números no les favorecen. La causa del agua es hoy una herramienta política fundamental.
El punto más constructivo del alcalde es el llamado a “apoyar con obras, infraestructura y tecnología”. Esto despolitiza la crisis y la enfoca en la eficiencia.
El mensaje final de Bonilla resume la esencia de la postura local: “Si no nos van a ayudar, que por lo menos no nos quiten”. Es un llamado directo a respetar la autonomía de gestión chihuahuense.
Mañana foro en el Congreso sobre Ley del Agua
El presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, centró el debate en lo esencial: la urgencia de actualizar la ley no radica en si se hace, sino en cómo se hace.
La convocatoria a la mesa de diálogo con Agricultores Unidos es un reconocimiento de que la gestión del agua no puede decidirse desde los escritorios centrales, lejos de la realidad de las cuencas.
Los productores y opositores señalan con razón que una ley centralista no puede permitirse en un estado con acuíferos complejos y dependencia agrícola. Se exige técnica, no improvisación política.
Una reforma mal planteada amenaza con una sobrerregulación que podría generar caos, desabasto y afectar el derecho humano al agua.
El derecho humano al agua se ejerce con gestión inteligente y respeto a los usos ya establecidos, no solo con decretos federales.
El foro que se realizará en el Congreso busca garantizar que la nueva Ley General de Aguas sea producto de “análisis y acuerdos reales”, incorporando la experiencia práctica de Chihuahua.
Ahora asesinan a exalcalde en Ignacio Zaragoza
La confirmación del asesinato de Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza, es una tragedia que debe mirarse con objetividad. Es otro nombre que se suma a la preocupante lista de políticos asesinados en Chihuahua en meses recientes.
Este atentado, sin importar el móvil específico, no es un hecho aislado. Cuando las figuras públicas se vuelven blancos recurrentes, las alarmas sobre la seguridad se encienden al máximo.
El mensaje es corrosivo: le dice a la ciudadanía que el servicio público es una actividad de alto riesgo. Disuade la participación política en el ámbito municipal, el más cercano al ciudadano.
El lamento de Movimiento Ciudadano, aunque legítimo, subraya la cruda realidad: las palabras de consuelo contrastan con la ineficacia para garantizar la vida de quienes se dedican a la política.
La violencia selectiva contra exfuncionarios es un síntoma inequívoco de la erosión de la autoridad estatal en ciertas regiones.
Las autoridades de seguridad tienen la obligación de reconocer este patrón y actuar con estrategias focalizadas. Un estado donde los líderes son asesinados es un estado donde la gobernabilidad está gravemente en riesgo.