La Cámara de Diputados aprobó con 312 votos a favor, 121 en contra y cero abstenciones, el acuerdo para modificar el orden del día de la sesión, a fin de integrar el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que en la Gaceta Parlamentaria se publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el que solicita al Pleno y a la Mesa Directiva modificar el orden del día de la sesión del miércoles 3 de diciembre, para integrar el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable у Saneamiento.
Posteriormente, hizo la declaratoria de publicidad, y en votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación de inmediato.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz (Morena), subrayó la importancia de aprobar este dictamen “que le cierra la puerta a la corrupción, a los abusos y al mercado negro que lucró con el vital líquido durante muchas décadas”.
Dijo que el decreto transforma el régimen del agua en México y garantiza de manera efectiva el derecho humano al agua para todas y todos, otorgando certeza jurídica a través de la conformación de un sistema de concesiones más ordenado y transparente, que frene el acaparamiento y ponga un punto final a la sobreexplotación.
Cervantes de la Cruz aseveró que este producto legislativo no nació en escritorios cerrados, sino todo lo contrario, se construyó con diálogo, transparencia y participación social, ya que, durante el 18, 19, 20 y 21 de noviembre de este año se celebraron audiencias públicas históricas con especialistas, académicos, productores, organismos operadores, usuarios industriales, sistemas comunitarios y cientos de voces que hicieron de este proyecto una realidad.
Los temas abordados fueron amplios y profundos: régimen de concesiones, volúmenes y distribución de agua, sistemas públicos, sistemas comunitarios y mecanismos para garantizar el agua potable y el saneamiento, agua en el medio rural, ejidos, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, derecho humano al agua, interdependencia con otros derechos, transparencia, sanciones y remediación.
Puntualizó que, a lo largo de estos días, en las audiencias públicas se registró la participación de más de 400 personas de todos los sectores, grupos y organizaciones.
Citó que entre los avances más importantes contenidos en la Ley de Aguas Nacionales destaca la certeza jurídica y accesibilidad, crea el Registro Público Nacional de Agua para poner fin a los manejos opacos, al abuso de concesiones y sobreexplotación, y ordena el sistema de concesiones y asignaciones, haciéndolo claro, expedito y transparente.
“En este punto quiero ser muy clara: cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua, el nuevo propietario no perderá ningún derecho; al contrario, conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamientos”, señaló.
De igual modo, se da prioridad a las personas y a la seguridad alimentaria. Los volúmenes del Fondo de Reservas se asignarán privilegiando el derecho humano al agua y a la producción de alimentos. En transparencia y honestidad, la Conagua contará con un órgano interno de control que vigilará su actuación. Habrá cero tolerancia a la contaminación y al daño ambiental. Estará prohibido otorgar concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales para la disposición final de residuos mineros.
En conservación y reúso del agua, se fomentará el reúso de las aguas residuales tratadas y no tratadas. También, se busca el impulso a la eficiencia hídrica, por lo que, quien ahorre agua, no será castigado con la reducción de su volumen; al contrario, se incentiva la inversión en eficiencia.
Mencionó que habrá sanciones claras y objetivas, además de que se eliminan criterios vagos y se fortalecen las medidas contra quienes contaminan, derrochan o explotan ilegalmente el agua.
Con la aprobación de este proyecto de decreto se garantiza una realidad latente: el binomio tierra-agua, el cual es indispensable. “Si deseamos un verdadero bienestar para nuestro país, la protección del agua debe ser nuestra prioridad”, precisó.
Mencionó que con esta propuesta hídrica se reconoce de manera plena los sistemas comunitarios y su aportación fundamental a la gestión del agua por personas de una comunidad, organizados bajo sistemas normativos, sin buscar lucro o ganancia alguna.
La reforma facilita el acceso al agua para quienes más lo necesitan, para las comunidades rurales, los pueblos indígenas, los ejidos, las familias campesinas que producen los alimentos. “Con la aprobación de este dictamen –afirmó– el agua deja de ser una mercancía y un botín político o económico, porque el agua es de la nación y es para el pueblo”.
Consideró que hoy se da un paso firme, valiente y trascendental. Un marco jurídico que garantiza derechos, protege a las comunidades, combate la corrupción, respeta la naturaleza y ordena el desarrollo de nuestro sistema hídrico.
El agua no puede seguir siendo privilegio; es un derecho humano que no puede ser tratado como mercancía, y “es por eso que el día de hoy, como diputadas y diputados, debemos actuar en consecuencia, porque de qué sirve decir que nos preocupa el agua si no se refleja en nuestro marco jurídico”, puntualizó
Desechan mociones suspensivas
Previamente, en votación económica, el Pleno desechó dos mociones presentadas por los diputados Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN) y Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), para suspender la discusión y votación del dictamen por ser incompatible a diversas disposiciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.
Se pidió garantizar el análisis integral, la deliberación democrática, la protección efectiva de los derechos humanos, el fortalecimiento de la pluralidad, la transparencia y la legitimidad del proceso legislativo, así como realizar una consulta previa e informada a comunidades y pueblos indígenas y revisar la inclusión del campo en el nuevo modelo hídrico, su impacto en el desarrollo nacional y el sostenimiento de la soberanía alimentaria.