• No hay condiciones suficientes para implementar este incremento, dicen.
• Empresarios socios de COPARMEX Chihuahua manifiestan su rechazo unánime.
(Chihuahua, Chih. – a 10 de diciembre de 2025). El presidente de COPARMEX Chihuahua, Jorge Treviño Portilla, informó que el sector empresarial organizado de Chihuahua no está negociando ni ha considerado negociar la aprobación del incremento de 1% al Impuesto Sobre Nómina (ISN) propuesto en el Paquete Económico 2026 por parte del Gobierno del Estado.
Explicó que las reuniones sostenidas con diputadas, diputados y representantes del Gobierno del Estado han sido exclusivamente informativas, con el fin de dejar clara la postura empresarial: hoy no existen condiciones económicas, laborales ni sociales que justifiquen aumentar este impuesto.
Treviño Portilla puntualizó que COPARMEX Chihuahua realizó una consulta amplia entre sus empresas afiliadas —pequeñas, medianas y grandes— y el rechazo fue unánime. Las y los empresarios consideran que este incremento representa un riesgo directo para su estabilidad financiera y para la continuidad de las fuentes de empleo, en un entorno ya presionado por aumentos al salario mínimo, nuevas obligaciones operativas, inflación persistente y la próxima reducción de la jornada laboral.
El presidente recordó que el ISN es, en la práctica, un impuesto sobre el empleo, pues grava directamente el trabajo formal. Cada persona contratada, cada salario pagado y cada nueva oportunidad laboral implica una contribución adicional. Por ello, un aumento de este impuesto no afecta únicamente a las empresas, sino a quienes trabajan en ellas. Cada peso destinado al ISN es un peso menos para contratar, invertir, innovar o crecer; los estados más competitivos fortalecen la formalidad, no la encarecen.
De acuerdo con análisis técnicos, incluida la evidencia de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado, elevar la carga sobre la nómina podría incrementar la informalidad hasta 40.8% y reducir entre 0.5% y 0.9% el empleo formal. Lejos de mejorar la recaudación, el efecto neto podría ser negativo, con una caída estimada de hasta 416 millones de pesos.
Treviño Portilla enfatizó que este no es un debate ideológico ni una confrontación con el Gobierno del Estado. “Los empresarios no somos adversarios del desarrollo social; lo construimos todos los días”, señaló. Esto —dijo— es un análisis técnico basado en productividad, estructura de costos, elasticidad del empleo y competitividad regional, variables que hoy están bajo presión debido al estancamiento económico nacional, la volatilidad internacional y el aumento de la inseguridad.
Asimismo, aclaró que las mesas de diálogo no representan negociación alguna, sino un ejercicio de responsabilidad para explicar con evidencia las consecuencias de una medida que afectaría a miles de MiPyMEs y al empleo formal que sostiene a las familias chihuahuenses. Reiteró que el sector productivo no pondrá en riesgo la estabilidad de las empresas ni los empleos, y que esta posición ha sido consistente desde el primer momento.
Treviño Portilla afirmó que el empresariado chihuahuense seguirá siendo aliado de los proyectos de infraestructura que beneficien al estado. Sin embargo, destacó que existen alternativas viables para allegar recursos sin castigar a los empleadores, como mejorar la formalidad laboral, combatir la subdeclaración salarial, aprovechar activos públicos, revisar el gasto estatal y explorar mecanismos responsables de financiamiento.
Finalmente, hizo un llamado respetuoso a las diputadas y los diputados del Congreso del Estado a analizar esta decisión con rigor y visión de largo plazo, y a no aprobar un incremento que afectaría la competitividad, la inversión y el empleo formal en Chihuahua. “Nuestro compromiso es claro: defender la formalidad, la competitividad y los empleos que sostienen a miles de familias chihuahuenses”, concluyó.