Al reafirmar que el objetivo de la Cuarta Transformación es acabar con el régimen de corrupción y privilegios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el próximo lunes enviará la propuesta de plan B de la reforma electoral, que ahorraría cuatro mil millones de pesos.
Señaló que el pueblo de México considera excesivos los recursos públicos que se destinan a partidos políticos e instituciones electorales a través de salarios superiores al de la presidenta en el caso de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) o duplicidad de funciones en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), mientras existen grandes necesidades en los municipios.
“La austeridad republicana tiene que ver con eso, con que se utilicen los recursos indispensables para la función pública y que la mayor parte del recurso público se vaya a la gente en Programas para el Bienestar, escuelas, hospitales, centros de salud, bacheo, agua potable.”
Explicó que era necesario someter a voto la propuesta inicial de reforma electoral para cumplir el compromiso con la población, pero también para conocer quiénes respaldaron la disminución de privilegios, ya que en el fondo se encuentra el beneficio que representa para los partidos.
“No es el consenso por el consenso; nosotros tenemos un mandato popular y convicciones. Los diputados son libres, aquí nadie pide que se repita lo que dice la presidenta; se hacen las cosas por convicción. Quien no votó, pues no tiene esa convicción.”
El plan B consiste en disminuir los privilegios que permanecen en los Congresos locales y el Senado de la República a través de un tope máximo.
Por ejemplo, el costo por legislador en Baja California es de 34.8 millones de pesos anuales; Chihuahua, 24.3; Tlaxcala, *16.3; Oaxaca, 11.4; Sinaloa, *9.9; Colima, 5.1 millones al año.
“Si Baja California tiene 25 diputados y Colima tiene 25, por más que Baja California sea un estado con más superficie, ¿por qué va a tener un presupuesto siete veces mayor por legislador?
“Entonces, tomas a todos los diputados locales del país y todos los presupuestos que van a los Congresos; divides el presupuesto de todos los Congresos entre todos los diputados locales y eso te da una media.”
Igualmente, disminuir el número de regidurías y sindicaturas en los ayuntamientos; en el caso de Monterrey existen 28 regidores. En el país existen casos con salarios superiores al de la presidenta.
“¿A dónde se iría ese recurso? A obra pública del municipio. Porque sí somos una República federativa y los estados son autónomos y los municipios, pero lo que no puede haber es excesos.”
El segundo objetivo es ampliar la participación ciudadana en consultas públicas para someter a votación popular temas como los montos que se destinan a partidos políticos. El plan B también considera la revocación de mandato en el tercer o cuarto año en el cargo de elección popular.