La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su llamado “Plan B” en materia electoral, una propuesta que busca reducir privilegios, disminuir el gasto público y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos, luego de que no se alcanzaran los votos necesarios para concretar una reforma constitucional más amplia.
Durante el anuncio, la mandataria explicó que el nuevo planteamiento contempla una serie de ajustes enfocados en hacer más austero el sistema político y redirigir recursos hacia necesidades prioritarias de la población.
Entre los principales puntos destaca la reducción de salarios y beneficios para funcionarios y representantes populares, estableciendo que ningún servidor público podrá percibir ingresos superiores a los de la presidenta, además de eliminar prestaciones como bonos y seguros médicos privados.
En el ámbito municipal, la propuesta plantea disminuir el número de regidores —con un rango de entre 7 y 15 por ayuntamiento— y limitar a una sola sindicatura por municipio, con el objetivo de reducir el gasto en estructuras políticas.
Asimismo, se propone establecer un tope al presupuesto de los congresos locales, los cuales no podrán exceder el 0.7% del gasto estatal. Los recursos que se generen como ahorro, según lo planteado, serían destinados a obras públicas.
En materia de participación ciudadana, el plan contempla adelantar la posibilidad de realizar la revocación de mandato, que podría llevarse a cabo en 2027 o 2028, ampliando así las opciones para que la ciudadanía evalúe la continuidad del Ejecutivo.
Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la fiscalización a los partidos políticos. La iniciativa plantea que estos deberán transparentar los ingresos de sus dirigentes, reportar sus gastos en tiempo real y evitar el uso de recursos de origen ilegal o extranjero, apoyándose en herramientas tecnológicas para mejorar la supervisión.
En cuanto a los procesos electorales, se propone agilizar el conteo de votos para que pueda iniciar el mismo día de la jornada, con el fin de dar mayor certeza y reducir posibles controversias.
Finalmente, la presidenta subrayó que los ahorros generados por estas medidas serán canalizados a infraestructura, servicios públicos y obras en estados y municipios.
Sheinbaum reiteró que, pese a no haberse concretado la reforma constitucional, su administración continuará impulsando cambios para reducir los privilegios de la clase política y consolidar un gobierno más austero.