La diputada de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, exhortó al Poder Ejecutivo estatal a firmar de manera inmediata un convenio de coordinación con el Gobierno Federal, con el fin de garantizar la implementación universal de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad en Chihuahua.
El punto de acuerdo fue aprobado por el pleno del Congreso local tras una discusión parlamentaria, en la que también se evidenció el respaldo de organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad.
La legisladora señaló que recientemente la Secretaría de Bienestar anunció el proceso de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, el cual se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo de 2026, como parte de una estrategia nacional para ampliar la cobertura de este apoyo.
Explicó que el programa contempla la entrega de 3 mil 300 pesos bimestrales a personas con discapacidad permanente de entre 0 y 64 años, mediante depósitos directos a través del Banco del Bienestar.
Sin embargo, advirtió que en estados que no han firmado el convenio con la federación, como Chihuahua, el acceso al apoyo se limita en la práctica a personas de 0 a 29 años, salvo casos en zonas de alta marginación.
“La omisión administrativa del gobierno estatal genera un esquema de cobertura desigual y fragmentada”, señaló la diputada.
Asimismo, destacó que ya se han presentado exhortos previos sin que exista cumplimiento por parte del Ejecutivo estatal, lo que, afirmó, impacta directamente en el acceso a derechos fundamentales.
Además del convenio, la propuesta plantea revisar las reglas de operación del programa estatal correspondiente, con el objetivo de ajustarlas a principios de universalidad, igualdad, no discriminación y seguridad jurídica.
Entre las observaciones, Guzmán Argueta señaló que actualmente el monto del apoyo no es uniforme ni garantizado, ya que depende de estudios socioeconómicos, lo que introduce discrecionalidad en su asignación.
Finalmente, la legisladora subrayó que la existencia de programas locales no exime al Estado de su obligación de garantizar derechos reconocidos a nivel constitucional, por lo que insistió en la necesidad de armonizar las políticas públicas en favor de este sector.