El Congreso del Estado convocó a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que, en el análisis, discusión y eventual aprobación de la iniciativa de reforma en materia electoral denominada “Plan B”, se privilegie el diálogo democrático, la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas y el fortalecimiento de las instituciones electorales.
Aunado a lo anterior, dicha reforma debe:
• Establecer constitucionalmente la nulidad de una elección si se comprueba la intervención o financiamiento del crimen organizado.
• Fortalecer la fiscalización del recurso en las campañas, incluyendo facultades para investigar el uso de recursos ilícitos.
• Construir consensos entre las distintas fuerzas políticas y el fortalecimiento de las instituciones electorales que garantizan la pluralidad, la equidad en la competencia y la certeza en los procesos electorales en México.
El diputado Ismael Pérez Pavía (PAN), iniciador del Punto de Acuerdo, señaló que ja democracia mexicana es el resultado de un largo proceso de construcción institucional que ha permitido consolidar un sistema electoral basado en la pluralidad, la competencia equitativa y el respeto a la voluntad ciudadana.
En el mismo sentido se aprobó la moción presentada por el diputado Pedro Torres Estrada (MORENA): primero, se exhorta al Congreso de la Unión para que en el análisis discusión y eventual aprobación de cualquier iniciativa de reforma en materia electoral, se privilegie el diálogo democrático, la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en el tema, así como el fortalecimiento de las instituciones electorales para que a través de los mecanismos de participación ciudadana se puede garantizar la pluralidad la equidad en la competencia y la certeza en los procesos electorales en México.
Segundo, se exhorta a los diputados de la 68 Legislatura local, para que en el análisis discusión y eventual aprobación de cualquier iniciativa de reforma en materia electoral, se privilegie y el diálogo democrático en la construcción de consensos.
También fue aprobada la moción del diputado José Alfredo Chávez, mediante la cual solicita que el partido o la candidatura que se le compruebe por medios legales, dinero del crimen organizado pierde el registro y evidentemente la candidatura y el cargo público.
Por otra parte el diputado Pérez Pavía, dijo que recientemente se presentó un paquete de propuestas legislativas denominado “Plan B”, como respuesta directa al rechazo de la propuesta inicial de reforma constitucional, esta estrategia que aunque si propone una reforma más despresurizada a la Constitución Federal, busca implementar cambios estructurales y operativos en el sistema electoral mexicano como profundizar la austeridad, reducir el financiamiento a partidos políticos y reorganizar la estructura electoral a través de modificaciones a leyes secundarias como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Señaló, además, que los puntos principales del “Plan B” de la reforma electoral constitucional son modificar la figura de revocación de mandato para que pueda plantearse desde el tercer año de gobierno del Ejecutivo, la reducción de regidurías en los municipios de todo el país, el establecer un tope al presupuesto de los congresos locales, promueve y profundiza en la austeridad electoral.
Sin embargo, con dicha reforma se advierte una violación constitucional y legal ya que busca modificar el sistema electoral mediante reformas a leyes secundarías, lo que no se logró con la reforma constitucional inicial, así mismo pretende causar un debilitamiento a las instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al restarles autonomía y facultades fiscalizadoras.
A ello se suma el hecho de que la reforma electoral actual no ataca de fondo el financiamiento del crimen organizado, lo que permite que el dinero ilícito siga financiando campañas y comprando votos, el gobierno actual busca mantener la impunidad para que el crimen organizado siga interviniendo en la selección de candidatos, especialmente en las zonas de influencia del narcotráfico.
“No podemos pretender desconocer hechos lamentables que reflejan la grave situación de violencia política e institucional en México durante los últimos años que pone en evidencia a los narcogobiernos locales, los asesinatos de candidatas y candidatos para imponer agendas y la toma de policías municipales por grupos criminales” precisó.
Por mencionar los casos más recientes de asesinatos a políticos, el 2024 fue considerado uno de los más violentos en la historia reciente, con más de 23 candidatos asesinados y al menos 51 funcionarios victimados durante el año y para el primer trimestre de 2025, se reportaron el asesinato de 50 políticos, incluyendo colaboradores de gobiernos estatales y municipales.
Por ello, declaró, que resulta fundamental que cualquier iniciativa de reforma en materia electoral sea analizada con responsabilidad institucional, fortaleciendo los candados contra la infiltración del crimen organizado en candidaturas, mediante una mayor revisión de antecedentes y la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).