-Desmantelan el amparo
-Sin frenos de aspirantes para el 2027
-Relanzamiento del PAN ¿bastará?
La semana pasada fue particularmente tóxica para el bolsillo y los derechos del ciudadano. En un fenómeno poco común, los tres niveles de gobierno han coincidido en consolidar medidas que aprietan las finanzas familiares.
El Congreso de la Unión consumó un aumento del 87% el impuesto del IEPS a los refrescos azucarados y gravó, por primera vez, a las versiones light. La ciudadanía ve esto como un asalto recaudatorio disfrazado de “impuesto saludable”, golpeando directamente el consumo masivo.
El Gobierno del Estado generó indignación con el concepto “Accesorios” en el adeudo vehicular, un recargo inflado que se percibe como una estrategia para sacar más dinero antes de aplicar los descuentos del “Borrón y Cuenta Nueva”. La falta de explicación oficial es el peor síntoma de opacidad.
Mientras que en el Municipio, hubo un aumento a las tablas catastrales (hasta 8.5%) pero que solo afectará directamente a una minoría (por ventas o mejoras), el hecho de que se sume a las otras dos cargas enciende la alarma de que todo sube al mismo tiempo.
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En paralelo, el Senado avanzó en la polémica reforma a la Ley de Amparo, que representa una ofensiva directa contra la protección ciudadana: el amparo.
Se dificulta suspender actos de autoridad sensibles (bloqueo de cuentas por la UIF, acciones de Deuda Pública u órdenes de aprehensión). Ahora el ciudadano deberá demostrar la licitud de sus fondos antes de ser protegido, invirtiendo la lógica de la justicia.
Blindaje al SAT: Se busca impedir el uso del amparo para frenar el cobro de créditos fiscales firmes, dándole mano dura al fisco.
La reforma prioriza la eficiencia burocrática y la recaudación sobre la defensa plena de los derechos.
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Mientras el ciudadano lidia con los nuevos cobros y la incertidumbre legal, la clase política ya está en modo pre-campaña.
En Chihuahua Capital, las encuestas tempranas miden a Jáuregui, Chávez, Loera y De la Peña, en un juego de presión interna.
Este ajedrez municipal tiene un telón de fondo estatal: la “guerra de espectaculares” entre el capitalino Marco Bonilla (PAN) y el juarense Cruz Pérez Cuéllar (Morena).
Ambos alcaldes usan la publicidad para posicionarse donde no gobiernan, convirtiendo la contienda de 2024 en un simple escalón para la Gubernatura de 2027, donde tampoco hay que olvidar el nombre de Andrea Chávez, golpeada por las polémicas de “La Barredora” al grupo Tabasco.
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El PAN cerró esta semana su “relanzamiento” con una declaración frontal de su dirigente, Jorge Romero: se acabó la alianza con el PRI. El mensaje es claro: el partido busca deslindarse de la etiqueta “tricolor” que, argumentó, lastró su imagen en la última elección.
Romero fue enfático al decir que el futuro panista no dependerá de socios pasados ni presentes. Esta ruptura es, ante todo, una estrategia de narrativa necesaria para calmar a su militancia y recuperar la identidad perdida. La duda persiste: ¿podrá el PAN sostener esa independencia en el cálculo electoral de 2027 sin la estructura del PRI?
La otra gran promesa es la democratización interna. El PAN anunció “apertura total” para la afiliación y, crucialmente, la adopción de elecciones primarias abiertas para definir candidaturas, dando por terminadas las designaciones como criterio único. Si bien la medida es positiva y necesaria, se interpreta como una reacción tardía a la crisis.
Desde Morena, la lectura es lapidaria. La dirigente nacional, Luisa María Alcalde, y otros morenistas coincidieron en que el “relanzamiento” es un mero ejercicio de imagen.
Alcalde señaló que en el acto se vieron las mismas caras “que acabaron con el azul”, mencionando a figuras como Ricardo Anaya, Jorge Romero, Federico Döring, Santiago Creel y Kenia López Rabadán. Para Morena, el PAN sólo lanzó un nuevo logotipo, pero siguen los mismos operadores de siempre. El PAN tiene ahora la tarea de demostrar que este “nuevo inicio” es un cambio estructural y no solo un acto político para gestionar la peor derrota reciente. El pragmatismo real se medirá en los hechos, no en el discurso de la marcha.
Este movimiento pone a Chihuahua, bastión panista sostenido por la coalición con el PRI, en la mira.