Proponen diputada reforma integral contra el abuso sexual en Chihuahua

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma integral destinada a fortalecer el marco jurídico contra el abuso sexual, cerrar brechas de impunidad y garantizar justicia efectiva para mujeres, adolescentes y niñas en Chihuahua.

La propuesta surge ante la persistente violencia sexual en México y las lagunas legales que dejan impunes a miles de agresores. Las mujeres enfrentan un sistema que duda de ellas, minimiza su palabra y normaliza la violencia. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena, a través de la diputada Jael Argüelles Díaz, impulsa reformas urgentes que buscan corregir un marco legal insuficiente que pone en riesgo vidas y derechos.

La legisladora subrayó la urgencia de reformar la ley, señalando que, según ENVIPE, en 2024 se registraron 4,160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres en México. En Chihuahua, de enero a octubre de 2025, se abrieron 3,709 carpetas de investigación por delitos sexuales, siendo el abuso sexual el más frecuente.

“Estas cifras no son solo números: son historias de dolor, de silencio y de impunidad. El Estado no puede seguir fallándole a las víctimas”, enfatizó.

Asimismo, Argüelles Díaz recordó que la violencia sexual es uno de los delitos más subregistrados: solo 1 de cada 10 mujeres denuncia, según ONU Mujeres. “La mayoría de los casos nunca llega a las autoridades, por lo que las reformas deben adelantarse a esta realidad oculta”, advirtió.

En este contexto, la iniciativa propone transformaciones de fondo tanto en el Código Penal como en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Principales reformas al Código Penal:
* Nueva definición amplia de “acto sexual”, que incluye tocamientos, roces, exhibiciones, manipulación de órganos sexuales y representaciones explícitas, cerrando lagunas legales.
* Aumento de penas por abuso sexual: de 6 meses–6 años a 3–7 años de prisión, además de multas más elevadas.
* Persecución de oficio, eliminando la necesidad de querella para iniciar el proceso penal.
* Obligatoriedad de asistencia a talleres reeducativos con perspectiva de género para agresores.
* Ampliación de agravantes, incorporando casos donde la víctima esté embarazada o en puerperio, en situación de indefensión o agredida por orientación o identidad de género.
* Creación del Artículo 175 Bis, que garantiza la reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica especializada hasta la recuperación total de la víctima.
* Inclusión de la definición de espacio público y del acoso sexual en espacios públicos, para reconocer y sancionar agresiones en calles, plazas, transporte y áreas comunes.
* Obligación para el Estado y los municipios de garantizar espacios y transportes públicos seguros para mujeres, adolescentes y niñas.
* Creación de un banco de datos sobre órdenes de protección, fortaleciendo la coordinación institucional ante situaciones de riesgo.
* Reforzamiento de las obligaciones estatales en políticas de reeducación libres de estereotipos, sistemas de monitoreo de violencia comunitaria y acciones permanentes de prevención.

La congresista destacó que este paquete legislativo representa una acción concreta en una fecha históricamente marcada por compromisos públicos, pero con pocas transformaciones reales.

Explicó además que la propuesta se basa en el Modelo de Tipo Penal de Abuso Sexual, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la recientemente creada Alianza de Xicoténcatl como parte de los esfuerzos para consolidar un marco jurídico más eficaz, universal y progresivo.

“En el 25N no basta con recordar: hay que legislar, actuar y transformar. Esta iniciativa es una respuesta directa a la exigencia de las mujeres que hoy piden justicia”, afirmó.

Finalmente, el Grupo Parlamentario de Morena reiteró su compromiso con una agenda de fortalecimiento institucional, prevención y sanción de todas las formas de violencia sexual en el estado.

“Mientras exista una sola mujer violentada sin justicia, este Congreso tiene la obligación moral y legal de actuar”, concluyó Argüelles.