Castiga Chihuahua a MP’s y los presumen como “mejores calificados”
Duarte vinculado y hasta el cuello con recientes acusaciones
Salpica FGR a Maru con la “nómina secreta”
La presidenta Claudia Sheinbaum se aventó una gira de tres días por el estado de Chihuahua, visitando los municipios de Saucillo, Guadalupe y Calvo, así como Ciudad Juárez.
Los eventos contaron con una buena afluencia y reunieron a importantes personalidades del Gobierno, así como del partido Morena.
Aunque los actos estuvieron controlados, la Presidenta mostró que tiene respaldo en Chihuahua, a pesar de ser un estado azul.
Durante el viernes realizó un recorrido por la base militar de Santa Gertrudis, donde convivió con las familias de los soldados y reconoció la labor de las Fuerzas Armadas.
El sábado visitó el municipio de Guadalupe y Calvo, donde hizo la entrega de 3 mil hectáreas a integrantes del pueblo ódami, conocidos como los tepehuanes del norte.
Durante la noche llegó a Ciudad Juárez, donde inauguró un Centro Libre, y el domingo visitó las instalaciones del nuevo CECI, un esquema que suplirá a las guarderías que dependen del IMSS.
Los Centros de Educación y Cuidado Infantil seguirán atendiendo a hijos de madres trabajadoras, pero parece ser que no solo será para las derechohabientes del IMSS, ya que el esquema será más universal para apoyar a las mujeres.
Vaya, hasta se dio el tiempo de tener una clase de box con la “Bonita” Fernández. En un video que subió a redes sociales se ve a Sheinbaum tirando sus mejores golpes.
Un detalle que no pasó desapercibido fue la aparición de la gobernadora Maru Campos, quien viajó desde el otro lado del charco para sumarse a la gira de trabajo de Sheinbaum y hasta combinó con su chamarra en color rojizo, para no verse desentonada.
Pero como no pueden faltar las críticas, durante el evento panista de la mañana del domingo con el sector juvenil, varias figuras del panismo, como Daniela Álvarez y Marco Bonilla, no dejaron pasar la oportunidad para reclamar el trato injusto que recibe Chihuahua por parte de la federación.
Donde sí la regó Sheinbaum fue al visitar un hospital del IMSS en Juárez. Fue directo a la farmacia, donde aseguró que cada día avanzan más.
Esto no corresponde a la realidad, donde los derechohabientes sufren todos los días la misma situación: acuden a consulta, les recetan medicamento y, cuando van a que se los surtan, simplemente no hay.
Lo peor es que los encargados, sumidos en la dinámica del desabasto, dan respuestas vagas sobre la disponibilidad de medicamentos y a los ciudadanos no les queda más que decirle a sus padecimientos que se esperen hasta que les den las medicinas o, mejor aún, ir a comprarlas por su cuenta en farmacias comerciales.
Castigan a MP’s en Chihuahua y los presumen como los “mejores calificados”
Mientras el Gobierno de Chihuahua insiste en presumir que cuenta con uno de los Ministerios Públicos “mejor calificados del país”, la realidad parece contar una historia muy distinta.
Basta revisar las condiciones laborales y la estructura institucional para advertir que quienes sostienen la procuración de justicia enfrentan rezagos que difícilmente encajan con esa narrativa de éxito.
El caso más evidente es el del salario. Los agentes del Ministerio Público de nivel base llevan más de 15 años atrapados en un estancamiento que raya en lo absurdo.
En 2010, su ingreso mensual rondaba los 15 mil pesos; para 2025 apenas supera los 18 mil. En términos reales, este “aumento” es una simulación: la inflación acumulada supera el 120 por ciento, lo que significa que hoy los MP pueden comprar menos que hace década y media. Trabajan más, con mayores responsabilidades, pero viven peor.
La comparación con el salario mínimo es todavía más incómoda. Mientras el ingreso mínimo nacional creció más de 440 por ciento en ese mismo periodo, el sueldo de los agentes del Ministerio Público avanzó a paso de tortuga.
En números fríos, el salario mínimo creció casi veinte veces más rápido. En términos políticos, el mensaje es claro: para el Estado, el trabajo del MP vale cada vez menos.
A este deterioro económico se suma un ambiente laboral cada vez más asfixiante. La creación de órganos internos de control, lejos de fortalecer a la institución, ha sido señalada como un mecanismo de presión constante sobre el personal.
La rigidez en la asistencia —con descuentos por retrasos mínimos— contrasta con la normalización de jornadas extendidas que no se pagan ni se reconocen. La exigencia es máxima; la compensación, inexistente.
En el terreno profesional, el panorama no es más alentador. La desaparición práctica del Servicio Profesional de Carrera ha erosionado la meritocracia. Sin academias abiertas ni convocatorias públicas con exámenes de oposición, el ingreso y la promoción parecen depender más de la recomendación que del perfil técnico.
A nivel estructural, la Fiscalía General del Estado tampoco atraviesa su mejor momento. La pérdida del control sobre la Policía Estatal y el Instituto Estatal de Seguridad Pública ha debilitado su capacidad de formación y mando, mientras la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se consolida como un ente cada vez más poderoso, con mayor peso político. La FGE, en contraste, se reduce y se fragmenta.
El golpe final llega al observar la desigualdad salarial dentro del propio sistema de justicia. Un MP de base percibe alrededor de 18 mil pesos mensuales, mientras asesores jurídicos de víctimas, defensores públicos y jueces electorales ganan considerablemente más. No se trata de cuestionar esos salarios, sino de evidenciar la desproporción en quien carga con una de las tareas más complejas y sensibles del sistema penal.
Así, detrás del discurso triunfalista, el Ministerio Público en Chihuahua parece operar sobre una base frágil: salarios congelados, presión laboral, debilitamiento institucional y una meritocracia en retroceso.
Duarte vinculado y hasta el cuello con recientes acusaciones
Durante el fin de semana se llevó a cabo la audiencia en contra del exgobernador César Duarte, donde se revelaron parte de las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República, que lo señala por lavado de dinero por un monto cercano a los 73 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, Duarte habría utilizado un esquema de cuatro empresas fantasma para desviar recursos de las arcas públicas.
Los fondos estaban destinados a apoyar a los ganaderos, pero de manera paralela Duarte se benefició con la creación de empresas afines al sector ganadero que recibieron dichos recursos.
Lo más sonado del tema fue que en las investigaciones aparecen los nombres de la esposa e hijos de Duarte. En al menos una de estas cuatro empresas señaladas en las indagatorias aparece Bertha Gómez como socia mayoritaria.
Este caso explica, al menos en parte, cómo Duarte y su familia seguían viviendo con todas sus comodidades a pesar de ser perseguidos por la justicia de Chihuahua en el anterior sexenio estatal.
Inclusive cuando Duarte cayó en prisión y enfrentó años de proceso, primero en Estados Unidos por la extradición y luego en Chihuahua por el delito de peculado, parecía contar con los recursos suficientes para pagar buenos abogados y gozar de ciertos privilegios en prisión.
La FGR imputó la acusación, pero se desconoce si es la única o si existen más procesos en contra del exgobernador.
Por lo pronto, un juez federal determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal y envió a Duarte de vuelta al penal del Altiplano, fijando un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.
Salpica FGR a Maru con la “nómina secreta”
Por cierto, quien salió salpicada dentro del asunto fue la propia gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con el fantasma que siempre la perseguirá llamado “la nómina secreta”.
Recordemos que Javier Corral y su gobierno aseguraban que Maru y otros políticos recibieron dinero por debajo de la mesa para la aprobación de reformas y créditos durante la administración de César Duarte.
El caso fue judicializado por Corral y uno de los que cayó fue el exdiputado Fernando Reyes.
Aquí se marcó un precedente importante, ya que se dijo que “El Púas” aceptó haber recibido el dinero y se libró del proceso en su contra al colaborar con la Fiscalía y “devolver” lo recibido.
También se supo que varias personas, entre ellas periodistas, devolvieron dinero a cambio de no ser acusados por la Fiscalía controlada por el entonces gobernador Javier Corral.
Sin embargo, quien siempre negó todo fue Maru. Desde que era alcaldesa logró una hábil defensa para librar las acusaciones.
La estrategia desde entonces ha sido desacreditar las investigaciones de Javier Corral para restar fuerza a las versiones de que Duarte repartía dinero a diestra y siniestra para salirse con la suya durante su gestión.
Pero, de acuerdo con el periódico Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR mencionó durante las audiencias que César Duarte tenía riesgos de fuga al contar con una red de complicidad en el estado de Chihuahua.
El fiscal habría dicho que políticos en Chihuahua protegen a Duarte y revivió la historia de que Maru se embolsó 10 millones de pesos cuando era subcoordinadora de la bancada panista en el Congreso de Chihuahua.
Así que, con todo y la bendición de León XIV, Maru parece seguir perseguida por estas acusaciones.