La diputada federal Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para que la Política Nacional de Vivienda contemple esquemas y mecanismos institucionales orientados a la recuperación de viviendas en condición de abandono, garantizando el respeto al principio de legalidad y atendiendo criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.
La propuesta plantea adicionar la fracción XIII al artículo 6, la fracción XVII al artículo 8 y un último párrafo al artículo 12 de la Ley de Vivienda. En ella se establece que el Programa Nacional de Vivienda deberá incluir estrategias y líneas de acción específicas para la recuperación y reasignación de estos inmuebles a la población solicitante.
Asimismo, la iniciativa señala que el porcentaje de viviendas abandonadas será un criterio para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda y el desempeño de las dependencias responsables de su implementación.
En la exposición de motivos, enviada para su análisis a la Comisión de Vivienda, la legisladora subrayó la necesidad de atender esta problemática de manera integral, a fin de evitar la repetición de modelos que en el pasado derivaron en abandono habitacional, deterioro urbano y conflictos sociales.
Aguilar Gil reconoció que no todas las viviendas en abandono son susceptibles de recuperación, por lo que consideró indispensable establecer parámetros claros y viables para su reincorporación al mercado habitacional.
La iniciativa también destaca la importancia de que el Estado recupere la rectoría en materia de vivienda, mediante una política integral que tome en cuenta no solo las condiciones físicas de los inmuebles, sino también su entorno urbano, la disponibilidad de infraestructura, servicios y la cercanía a fuentes de empleo.
Finalmente, la diputada enfatizó que los procesos de recuperación y reasignación de viviendas deben realizarse con transparencia y certeza jurídica, evitando esquemas de intermediación ineficaces, como las subastas, y priorizando una relación directa entre los organismos de vivienda y las personas solicitantes, además de establecer mecanismos que impidan que el problema del abandono habitacional persista.