La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informó que el pasado 9 de enero de 2026, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 a favor del Juez Penal Federal.
No obstante, la dependencia fijó una postura enérgica al sostener que los recursos involucrados en la investigación, por un monto de 98.6 millones de pesos, son de origen estatal y que se trata de una presunta disposición, distracción y desviación de recursos públicos del erario de Chihuahua.
La Fiscalía señaló que la acción penal ejercida por esta representación social, derivada de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), fue conforme a derecho y avalada por la autoridad judicial local al librar la orden de aprehensión correspondiente.
Asimismo, argumentó que el Ministerio Público Federal carece de competencia para atraer el caso, al tratarse —dijo— de un delito de corrupción tipificado en el Código Penal del Estado de Chihuahua como peculado agravado.
La Fiscalía Anticorrupción precisó que mantendrá abierta la carpeta de investigación, ya que continúa vigente una suspensión definitiva otorgada dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado, la cual sigue produciendo efectos legales en protección de los derechos de la sociedad chihuahuense, considerada como la víctima.
En su posicionamiento, la dependencia subrayó que es necesario diferenciar entre el conflicto competencial, que involucra únicamente a autoridades judiciales federales y locales, y el juicio de amparo, en el que participan la Secretaría de Hacienda estatal, la sociedad chihuahuense, el imputado identificado como J. C. J. y la propia Fiscalía Anticorrupción como tercero interesado.
Finalmente, la Fiscalía reiteró su compromiso con el combate a la corrupción, la aplicación estricta de la ley y el respeto al debido proceso, asegurando que continuará defendiendo la competencia estatal sobre los recursos del erario y la solidez jurídica de sus investigaciones, al margen de cualquier interés o narrativa de carácter político.