Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, manifestó su inconformidad con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó las medidas implementadas por el Gobierno de Chihuahua para establecer controles sanitarios con el fin de frenar la propagación del gusano barrenador en la entidad.
El legislador priista sostuvo que el acuerdo anulado por la Corte fue resultado de un análisis técnico y responsable realizado en conjunto entre autoridades estatales y el sector ganadero, cuyos efectos, afirmó, han sido evidentes al mantenerse Chihuahua libre de contagios.
Medina criticó que el Gobierno Federal ha sido insuficiente en sus acciones para combatir la plaga, situación que mantiene en incertidumbre al sector ganadero, especialmente ante el cierre de la frontera con Estados Unidos. En ese contexto, consideró inexplicable que, además de la falta de resultados, se busque frenar las acciones emprendidas por el estado.
Señaló que mientras la Federación no actúa con la contundencia necesaria, ahora se utilizan instancias jurídicas para detener los esfuerzos de quienes sí han intentado contener la problemática y reactivar la economía de un sector del que dependen miles de familias, particularmente en el norte del país.
El coordinador del PRI destacó que los ganaderos chihuahuenses han actuado con responsabilidad y apego a los protocolos sanitarios, pero acusó que desde el ámbito federal pareciera existir un interés en afectar al sector al cancelar las medidas que buscaban proteger la calidad del hato ganadero estatal.
Asimismo, cuestionó que por un lado se pida no politizar el tema del gusano barrenador y, por otro, se judicialice el asunto. Calificó la resolución de la SCJN como injustificada y aseguró que su objetivo es encubrir la deficiente actuación del Gobierno Federal, aun a costa de eliminar esfuerzos locales.
Finalmente, Medina aseguró que continuará impulsando acciones para atender la problemática y reiteró que seguirá escuchando a los ganaderos, a quienes señaló como los principales afectados por las decisiones federales en materia sanitaria y económica.