Este lunes, la mayoría de las escuelas en el estado no tendrán clases presenciales y algunas mantendrán la modalidad en línea.
Esta medida, ordenada desde la Secretaría de Educación y Deporte en el estado de Chihuahua, generó diversas críticas entre la ciudadanía, donde no se encontró la justificación suficiente para cancelar clases este lunes y martes.
Durante el fin de semana se presentaron nevadas en más de 11 municipios del estado de Chihuahua y las temperaturas descendieron de manera drástica en gran parte de la entidad.
No obstante, luego de que se formalizó la suspensión de clases el viernes, comenzaron a surgir comentarios que pusieron en duda si la medida fue correctamente aplicada.
Basta recordar el inicio del ciclo escolar de este año, cuando se registraron temperaturas bajo cero durante varios días, en ningún momento se consideró aplazar el regreso a las aulas.
En aquella ocasión, los padres de familia tuvieron que aplicar su propio criterio para decidir si llevaban o no a sus hijos a las escuelas, lo que derivó en un ausentismo cercano al 70%.
Ahora, tras el anuncio de diversas medidas para prevenir incidentes derivados de la tercera tormenta invernal en el estado, se determinó la suspensión generalizada de clases.
Aunque sí existen municipios, principalmente en la zona serrana, donde las clases deben permanecer suspendidas, la medida se aplicó para toda la entidad.
Entre las principales inquietudes de los padres de familia está el hecho de que temperaturas de 1 o 2 grados centígrados, previstas para este lunes y martes, no serían suficientes para justificar la suspensión de clases.
Las críticas también señalan que las autoridades toman medidas preventivas cuando no es necesario y, en cambio, cuando ocurre algo que sí lo amerita, brillan por su ausencia.
Así, durante el fin de semana surgieron comentarios que reflejan preocupación por el actuar de las autoridades educativas, a quienes se les exige contar con mejores criterios para cancelar clases, aplicar las medidas donde realmente se requieren y no hacerlo de manera generalizada para intentar borrar fallas de situaciones anteriores.
Recula la Corte y devolverán camionetas blindadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reaccionó al escándalo nacional generado tras la difusión de la adquisición de una flotilla de camionetas blindadas para los ministros.
Se trataba de unidades Grand Cherokee blindadas, con un costo aproximado de un millón 700 mil pesos cada una.
Tras darse a conocer la noticia, de inmediato surgieron críticas hacia la Corte, calificando la medida como excesiva y cuestionando la austeridad que debería prevalecer en el Poder Judicial tras los recientes cambios.
Al parecer, las críticas fueron escuchadas y este domingo se anunció que las camionetas no serán aceptadas por los ministros.
Se adelantó que se iniciará un proceso de devolución y, en caso de que no sea posible, los vehículos quedarán a disposición de juzgadores que enfrenten situaciones de riesgo derivadas de su labor.
Además, se informó que este lunes, en punto de las 9:00 de la mañana, se ofrecerá una rueda de prensa para fijar un posicionamiento oficial sobre el tema.
Si bien el rechazo de las camionetas puede considerarse una decisión acertada, no se puede dejar de lado la idea de que el tema habría avanzado con normalidad si no se hubiera ventilado en medios de comunicación y redes sociales.
Habrá que esperar la postura de los ministros, quienes seguramente buscarán deslindarse de la situación y darle la mejor salida posible al asunto.
Auditor cuestiona decisión de Tribunal Colegiado en caso Corral
El titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, cuestionó la decisión del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que dio la razón a Javier Corral y permitirá que las investigaciones en contra del exgobernador sean turnadas a la Fiscalía General de la República.
El caso, que aún es disputado por la Fiscalía Anticorrupción, pasaría a manos de la justicia federal tras la resolución del órgano judicial.
Sobre el tema, el Auditor consideró que la resolución quebranta la competencia fiscalizadora previamente definida entre los órganos locales y federales.
Afirmó que la decisión del Tribunal Colegiado podría generar efectos negativos al sentar un precedente sobre la naturaleza de los recursos que ejercen los estados.
El Tribunal determinó que los recursos provenientes de Participaciones Federales no pierden su naturaleza al pasar a manos de los estados.
Sin embargo, Acosta Félix advirtió que este criterio podría modificar reglas establecidas y acarrear consecuencias negativas en diversos ámbitos.
Explicó que, de aplicarse el mismo razonamiento a las investigaciones realizadas por el gobierno de Corral contra César Duarte y sus colaboradores, dichos casos podrían venirse abajo bajo el argumento de que los recursos nunca perdieron su carácter federal.
Aunque el razonamiento es lógico, en el fondo implicaría que los procesos debieron realizarse desde el ámbito federal.
Esto ha provocado que algunas voces sugieran que los impulsores de la Operación Justicia por Chihuahua —es decir, Javier Corral, fiscales y funcionarios que persiguieron a los duartistas— podrían enfrentar procesos por una supuesta aplicación incorrecta de la ley.
No obstante, ese mismo criterio implicaría que la actual Fiscalía Anticorrupción podría correr la misma suerte, lo que resulta inviable y hasta ridículo.
Estas voces, más que análisis jurídicos, parecen responder a posturas de adversarios del exgobernador. Lo cierto es que, como muchos mexicanos saben, en numerosos casos las autoridades aplican la llamada Ley de Herodes, y la verdadera justicia, en muchos casos, sigue siendo inalcanzable en el país, más aún con la “calidad” de algunos juzgadores que llegaron tras las pasadas elecciones.
Desecha TEE amparos de Andrea Chávez por actos anticipados de campaña
El Tribunal Estatal Electoral ratificó las sentencias en contra de Andrea Chávez y resolvió que la imagen de la senadora no debe aparecer en ambulancias ni en caravanas médicas, aun cuando se trate de gestiones sociales.
Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados determinaron que las sentencias no vulneran la libertad de expresión ni la difusión del trabajo legislativo, sino que buscan evitar la promoción personalizada de la senadora.
Luego de que la sentencia fuera emitida hace meses, tanto Andrea Chávez como el partido Morena interpusieron recursos de revisión para intentar revertir la decisión.
Tras un análisis de fondo, el Tribunal ratificó nuevamente la resolución y ordenó el retiro de su imagen.
Es decir, de acuerdo con el máximo órgano electoral en el estado de Chihuahua, Andrea Chávez sí incurrió en actos anticipados de campaña y será acreedora a una sanción que aún deberá analizarse.
Quizá la senadora deba optar por métodos tradicionales utilizados por otros “adelantados”, como pintar bardas, aparecer en espectaculares o promoverse mediante entrevistas disfrazadas de contenido editorial en revistas y medios de comunicación, además del uso intensivo de redes sociales.
En conclusión, si algo debería quedar como aprendizaje para Andrea Chávez es que los actos anticipados de campaña requieren mayor discreción para evadir sanciones, librar denuncias y evitar castigos, una práctica que, al menos hasta ahora, ha sido posible en el estado por algunos políticos.